La SNP cuya directiva está extrañamente integrada por empleados y no por empresarios, y que tiene como Presidenta a la desvergonzada ex-Ministra de la Producción, Elena Conterno, está asumiendo ciertas características de una organización criminal, en procura de privilegios mercantilistas, y normas que difieren de la Ley de Pesca; y que se ha venido apoderando del sector pesquero, en contra de los intereses del país. Pero la manipulación de las interesadas acciones, tendría a TASA (Tecnológica de Alimentos S.A.), y a su oscuro representante Humberto Speziani, como verdaderos responsables, habiendo incluso asimilado a un séquito de incondicionales Congresistas, ONGs, periodistas, y hasta prontuariados ex-dirigentes sindicales, quienes distorsionan las realidades del sector pesquero, en beneficio ilegal de un selecto grupo empresarial, afectando la economía, los recursos naturales, la libre competencia, y los derechos de todos los pescadores.

Las influencias de la SNP, alcanzan también a los Ministros de turno, como ocurre con el incapaz Bruno Giuffra, y su ignorante vice-Ministro, Héctor Soldi, quien inclusive ha militarizado interesadamente el sector, con varios marinos jubilados, asumiendo direcciones esenciales, para los controles de la pesca, sanciones, etc.

Las empresas asociadas a la SNP, quienes se benefician de los recursos pesqueros, no tributan en las provincias del país, negando una justa retribución a los municipios que los acogen, prefiriendo hacerlo por la Capital, donde es más fácil influir para evadir impuestos y los controles de la SUNAT. Pero a pesar de ello, se atribuyen facultades para cerrar fábricas más eficientes, y que discrepan de sus abusos, como recientemente ocurrió en Chimbote, con PESQUERA JADA, a través de Apro Chimbote S.A., apéndice de la SNP, la cual ha asumido ilegalmente como negocio propio, la colocación de tuberías en el mar, para el arrojo de aguas residuales, aprovechando también la ignorancia de las autoridades regionales y municipales, quienes inclusive le otorgan licencia de funcionamiento, pese a que tampoco tributan por la provincia del Santa, además que debe ser SEDA-CHIMBOTE, quien cumpla tal función ambiental, recibiendo las compensaciones económicas , que hoy benefician a particulares.

El Ministerio Público a través de sus fiscales, debería investigar de oficio, el actuar de una organización permanentemente cuestionada por los pescadores y la opinión pública, como la SNP, que además pretende la desaparición de los pequeños y medianos empresarios, y hasta de la pesca artesanal, en su afán monopólico.